Observatorio del Glifosato en Argentina


Ley 10.699 de la Provincia de Buenos Aires

Salud humana, recursos naturales y producción agrícola. Protección

sanc. 29/09/1988; promul. 21/10/1988; publ. 17/11/1988

El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de ley:

Art. 1.– Son objetivos de la presente ley la protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola a través de la correcta y racional utilización de los productos mencionados en el artículo siguiente, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente.

Art. 2.– Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, la elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización o entrega gratuita, exhibición, aplicación y locación de aplicación de: Insecticidas, acaricidas, nematodicidas, fungicidas, bactericidas, antibiótico, mamalicidas, avicidas, feromonas, molusquicidas, defoliantes y/o desecantes, fitorreguladores, herbicidas, coadyuvantes, repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes y todos aquellos otros productos de acción química y/o biológica no contemplados explícitamente en esta clasificación, pero que sean utilizados para la protección y desarrollo de la producción vegetal.

El organismo de aplicación podrá ampliar la lista anterior cada vez que surjan nuevas especialidades no contempladas en las nombradas y cuando razones de orden técnico así lo justifiquen.

Asimismo, se encuentran comprendidas las prácticas y/o métodos de control de plagas que sustituyan total o parcialmente la aplicación de productos químicos y/o biológicos, como así también el tratamiento y control de residuos de los compuestos a que se refiere este artículo.

Art. 3.– El Ministerio de Asuntos Agrarios será el organismo de aplicación de esta ley, debiendo coordinar su acción con el Ministerio de Salud y estará facultado para hacerlo con otras reparticiones estatales y adoptar las medidas conducentes a fin de cumplir con los objetivos de la misma. También podrá convenir con universidades y entidades oficiales y privadas, programas de capacitación e investigación especialmente en el manejo y uso de agroquímicos, con el objetivo de aumentar la eficiencia de su aplicación así como disminuir los riesgos de intoxicación y contaminación del medio ambiente.

Art. 4.– El organismo de aplicación creará, organizará y mantendrá actualizados registros de inscripción obligatoria, según las normas que se establezcan en la reglamentación de esta ley, con respecto a fabricantes, formuladores, fraccionadores, distribuidores, expendedores, aplicadores por cuenta de terceros, transportistas y depósitos o almacenamiento de los productos mencionados en el art. 2.

Art. 5.– Toda persona física o jurídica, con excepción de los transportistas, locadores de aplicación y depósitos o empresas de almacenamiento, cuya actividad quede comprendida en el art. 2 de la presente ley, tendrá la obligación de contar, conforme a la reglamentación pertinente, con un asesor o director técnico profesional ingeniero agrónomo u otro título habilitante matriculado en el consejo profesional de jurisdicción provincial, según se determine en la respectiva reglamentación.

Art. 6.– El organismo de aplicación fijará las normas que deberán cumplir todas las personas físicas o jurídicas que tengan injerencia en forma directa o indirecta sobre la actividad apícola en relación a lo que establece esta ley.

Art. 7.– Los productos a que se refiere el art. 2 se clasificarán de la siguiente forma:

a) De uso y venta libre: Son aquellos cuyo uso de acuerdo a las instrucciones, prevenciones y modo de aplicación aconsejado, no sean riesgosos para la salud humana, los animales domésticos y el medio ambiente.

b) De uso y venta profesional: Son aquellos que por sus características, su uso resultare riesgoso para los aplicadores, terceros, otros seres vivos y el medio ambiente.

c) De venta y uso registrado: Son los no encuadrados en las categorías anteriores, cuya venta será necesario registrar a los fines de permitir la identificación de los usuarios.

Art. 8.– Queda prohibida la venta directa al usuario y/o aplicación de los productos encuadrados en el art. 7 incs. b) y c) sin “receta agronómica obligatoria”, confeccionada por un asesor técnico profesional ingeniero agrónomo u otro título habilitante matriculado en el consejo profesional de jurisdicción provincial, según lo establezca la reglamentación pertinente.

Art. 9.– El Ministerio de Asuntos Agrarios retendrá a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires un porcentaje -a determinarse en la reglamentación- del arancel de la receta agronómica obligatoria que fije el consejo profesional de jurisdicción provincial. Este aporte estará a cargo del asesor técnico de la misma.

Art. 10.– Cuando el organismo de aplicación estimara desaconsejable el empleo de determinados agroquímicos por su alta toxicidad, prolongado efecto residual y/o por cualquier otra causa que hiciere peligroso su uso, gestionará ante la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, su exclusión de la nómina de productos autorizados, sin perjuicio de adoptar en forma inmediata las medidas necesarias para el resguardo y preservación del medio ambiente, personas y bienes.

Art. 11.– La aplicación de plaguicidas sobre cultivos, especialmente hortifrutícolas, que serán cosechados en un período próximo a ésta, deberá suspenderse con la antelación que para cada caso especifique la reglamentación de la presente ley.

Art. 12.– Todo producto alimenticio contaminado con plaguicidas en cantidades mayores a los índices de tolerancia que especifique la reglamentación de esta ley, será decomisado y destruido, sin perjuicio de las multas u otras penalidades o acciones que correspondiere.

Art. 13.– Las transgresiones a la presente ley y a su reglamentación serán juzgadas y sancionadas por el Ministerio de Asuntos Agrarios, de conformidad a las normas del decreto ley 8785/1977, modificado por el decreto ley 9571 (Ley de Faltas Agrarias) y las disposiciones del reglamento aprobado por decreto 271/1978 y modificatorios.

Art. 14.– Toda persona física o jurídica, cuya actividad quede comprendida en el art. 2, está obligada a permitir y facilitar la inspección de las instalaciones, inmuebles y medios que utilice en cualquier etapa de su correspondiente actividad, a todo funcionario autorizado al efecto por el organismo de aplicación, quien en caso de negársele el acceso pertinente, recurrirá al auxilio de la fuerza pública.

Art. 15.– Los fondos provenientes de la aplicación de multas, retención de recetas o por cualquier otro concepto derivado de la aplicación de la presente ley, ingresarán a una cuenta especial a crearse. Dichos fondos estarán destinados fundamentalmente al apoyo de las tareas de fiscalización, como así también a la creación y mantenimiento de centros de toxicología, análisis de residuos y al desarrollo de programas de capacitación e investigación.

Art. 16.– Facúltase al organismo de aplicación a coordinar el Poder de Policía en lo relativo a esta ley, con los municipios que cuenten con la infraestructura necesaria.

Art. 17.– El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de su publicación.

Art. 18.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Almar – Armendáriz


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